30 años de democracia municipal
Hace un lustro, cuando lo que conmemorábamos era el cuarto de siglo de las primeras elecciones locales democráticas desde la reinstauración de las libertades bajo el reinado de Don Juan Carlos, me publicó Hoy el primero de 25 artículos en la sección Tribuna Extremeña. Ahora que va para dos años que dejé de ser concejal, sigue apasionándome el municipalismo -no así, en absoluto, la participación política en esa ni en ninguna otra empresa, ceteris paribus, claro está, como dicen los economistas- me permito sumarme a la celebración de treintenario reproduciendo aquél artículo, cosa que, comprenderán, me resulta más cómoda que ponerme a darle al magín un Jueves Santo. Ea, ahí lo llevan.
Atrás quedaron los fastos del XXV Aniversario de nuestra Constitución, si bien siguen vivos muchos de los debates abiertos. Pero estamos inmersos en otras bodas de plata que, según parece, han despertado menor expectación. Me refiero al 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas, celebradas tras la restauración de las libertades el 3 de abril de 1979.
Pudiera parecerle a alguno que este acontecimiento es menor, en el conjunto de las efemérides relacionadas con la puesta en funcionamiento de nuestro sistema político. Pero la trascendencia de la aplicación de las reglas democráticas a las corporaciones municipales es de un calado enorme. En efecto, se pasa de unas administraciones locales tuteladas y en cierto modo teledirigidas, a un modelo corporativo trasunto de la voluntad popular, regido por normas que permiten al vecino, al ciudadano, implicarse a través del uso de su voto en la gestión de sus propios intereses.
Con la democratización, por lo demás, se pone coto a las alcaldadas, al estar sometida la actuación de los gobernantes al imperio de la ley y a la crítica política que pueda efectuar la oposición y la misma ciudadanía.
Lo cierto es que, tras estos veinticinco años, todos hemos visto la evolución de nuestros ayuntamientos: han desfilado alcaldes y concejales, partidos, coaliciones... Los pueblos, las ciudades, se han ido transformando; se han puesto en funcionamiento servicios que hacen más cómoda la vida ciudadana, que dinamizan culturalmente a la población, que apuestan por la solidaridad con los desfavorecidos. Poco se parecen los ayuntamientos actuales a las corporaciones rutinarias y anodinas anteriores.
Además, creo que el mundo del municipalismo es apasionante; es, quizá, uno de los trabajos políticos en los que el fruto de la gestión puede apreciarse de modo inmediato y, sin lugar a dudas, el que pone al político más a pie de obra. Esta proximidad, por cierto, obliga en buena medida a que los concejales y los alcaldes estén en permanente disposición de escuchar al vecino, que los aborda en todo momento y lugar para sugerirle cosas, transmitirle quejas o solicitarle actuaciones.
Esta proximidad pudiera parecer, en ocasiones, atosigante. Pero a los que nos gusta nuestro trabajo no nos molesta. Lo realmente penoso es constatar cómo, a pesar de haber conseguido hacer de nuestros ayuntamientos la casa de todos, de realizar esfuerzos ímprobos por acercar la administración al ciudadano, de abarcar más parcelas de funcionamiento, nuestros recursos son cada vez más insuficientes. Tremenda paradoja la de hacer más y mejor y no disponer de los medios necesarios para ello. Situación que obliga a alcaldes y concejales a la práctica del encaje de bolillos político y, en ocasiones, a una cierta mendicidad política.
En efecto, en nuestra voluntad de proporcionar al vecino más servicios, solemos embarcarnos en actuaciones que, no siendo de nuestra competencia legal, empezamos asumiendo por sensibilidad social y acaban siéndonos reclamadas, pues no tarda en originarse un status quo con su correlativa exigibilidad, siquiera moral, por los ciudadanos.
De esto puedo poner innumerables ejemplos, pero citaré, a modo de muestra, que en el Ayuntamiento a cuya Corporación me honro en pertenecer, se contrata personal de ayuda a domicilio para completar la dotación subvencionada por la Junta, añadiendo igual número de trabajadores a los pagados por la Comunidad. Que la nueva normativa en materia de policías locales nos obligará a subir a estos profesionales de grupo. O que gestionamos una residencia de mayores cuya subvención es a todas luces insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento. Así un largo etcétera. Un rosario de costes asumidos por el Ayuntamiento y difícilmente resarcidos.
Estas situaciones, con las que cualquier munícipe puede sentirse identificado, originan unos costes que ponen en peligro el equilibrio económico-financiero de los Ayuntamientos, ya bastante inestable, de por sí. Esto es, pueden llevar a generar situaciones de tal dificultad que hagan difícil el cumplimiento de sus objetivos, o lo que es lo mismo, puede verse penalizado el bienestar ciudadano, porque las economías municipales no se estiran indefinidamente.
A los concejales se nos hace difícil, en ocasiones, poder explicar a nuestros representados que existen competencias que no nos corresponden. Sobre todo si, de hecho, las ejercemos. Ellos, con razón, exigen la solución de sus problemas, y lo hacen desde su cercanía a nosotros y, para casi todo, recurren a sus representantes. Si conseguimos que en las administraciones autonómicas se hagan eco de esta cuestión, que se instalen en la sensibilidad, es posible que nuestro trabajo, el de concejales y alcaldes, además de ser apasionante sea más fructífero.
Celebremos, pues, este aniversario por cuanto significa un avance democrático indiscutible. Pero incardinemos esta celebración en el marco del avance hacia una mayor autonomía municipal, aderezada con la insoslayable suficiencia financiera.
Pudiera parecerle a alguno que este acontecimiento es menor, en el conjunto de las efemérides relacionadas con la puesta en funcionamiento de nuestro sistema político. Pero la trascendencia de la aplicación de las reglas democráticas a las corporaciones municipales es de un calado enorme. En efecto, se pasa de unas administraciones locales tuteladas y en cierto modo teledirigidas, a un modelo corporativo trasunto de la voluntad popular, regido por normas que permiten al vecino, al ciudadano, implicarse a través del uso de su voto en la gestión de sus propios intereses.
Con la democratización, por lo demás, se pone coto a las alcaldadas, al estar sometida la actuación de los gobernantes al imperio de la ley y a la crítica política que pueda efectuar la oposición y la misma ciudadanía.
Lo cierto es que, tras estos veinticinco años, todos hemos visto la evolución de nuestros ayuntamientos: han desfilado alcaldes y concejales, partidos, coaliciones... Los pueblos, las ciudades, se han ido transformando; se han puesto en funcionamiento servicios que hacen más cómoda la vida ciudadana, que dinamizan culturalmente a la población, que apuestan por la solidaridad con los desfavorecidos. Poco se parecen los ayuntamientos actuales a las corporaciones rutinarias y anodinas anteriores.
Además, creo que el mundo del municipalismo es apasionante; es, quizá, uno de los trabajos políticos en los que el fruto de la gestión puede apreciarse de modo inmediato y, sin lugar a dudas, el que pone al político más a pie de obra. Esta proximidad, por cierto, obliga en buena medida a que los concejales y los alcaldes estén en permanente disposición de escuchar al vecino, que los aborda en todo momento y lugar para sugerirle cosas, transmitirle quejas o solicitarle actuaciones.
Esta proximidad pudiera parecer, en ocasiones, atosigante. Pero a los que nos gusta nuestro trabajo no nos molesta. Lo realmente penoso es constatar cómo, a pesar de haber conseguido hacer de nuestros ayuntamientos la casa de todos, de realizar esfuerzos ímprobos por acercar la administración al ciudadano, de abarcar más parcelas de funcionamiento, nuestros recursos son cada vez más insuficientes. Tremenda paradoja la de hacer más y mejor y no disponer de los medios necesarios para ello. Situación que obliga a alcaldes y concejales a la práctica del encaje de bolillos político y, en ocasiones, a una cierta mendicidad política.
En efecto, en nuestra voluntad de proporcionar al vecino más servicios, solemos embarcarnos en actuaciones que, no siendo de nuestra competencia legal, empezamos asumiendo por sensibilidad social y acaban siéndonos reclamadas, pues no tarda en originarse un status quo con su correlativa exigibilidad, siquiera moral, por los ciudadanos.
De esto puedo poner innumerables ejemplos, pero citaré, a modo de muestra, que en el Ayuntamiento a cuya Corporación me honro en pertenecer, se contrata personal de ayuda a domicilio para completar la dotación subvencionada por la Junta, añadiendo igual número de trabajadores a los pagados por la Comunidad. Que la nueva normativa en materia de policías locales nos obligará a subir a estos profesionales de grupo. O que gestionamos una residencia de mayores cuya subvención es a todas luces insuficiente para cubrir los gastos de funcionamiento. Así un largo etcétera. Un rosario de costes asumidos por el Ayuntamiento y difícilmente resarcidos.
Estas situaciones, con las que cualquier munícipe puede sentirse identificado, originan unos costes que ponen en peligro el equilibrio económico-financiero de los Ayuntamientos, ya bastante inestable, de por sí. Esto es, pueden llevar a generar situaciones de tal dificultad que hagan difícil el cumplimiento de sus objetivos, o lo que es lo mismo, puede verse penalizado el bienestar ciudadano, porque las economías municipales no se estiran indefinidamente.
A los concejales se nos hace difícil, en ocasiones, poder explicar a nuestros representados que existen competencias que no nos corresponden. Sobre todo si, de hecho, las ejercemos. Ellos, con razón, exigen la solución de sus problemas, y lo hacen desde su cercanía a nosotros y, para casi todo, recurren a sus representantes. Si conseguimos que en las administraciones autonómicas se hagan eco de esta cuestión, que se instalen en la sensibilidad, es posible que nuestro trabajo, el de concejales y alcaldes, además de ser apasionante sea más fructífero.
Celebremos, pues, este aniversario por cuanto significa un avance democrático indiscutible. Pero incardinemos esta celebración en el marco del avance hacia una mayor autonomía municipal, aderezada con la insoslayable suficiencia financiera.
1 comentario:
Recuerdo tu artículo de entonces, acertada reivindicación del municipalismo más sentido. Entre otros lamentos, sigue siendo una lástima que la falta de autonomía municipal siga siendo lastrada por la escasa financiación, más evidente cuanto más necesario resulta dar respuesta a las crecientes demandas ciudadanas. Hay que empeñarse en ello.
Un abrazo, compañero
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